La Organización de Consumidores Unidos (OCU) sostienen que, aunque la sentencia afectaba de forma directa a BBVA y Banco Popular, «todas las entidades bancarias» deben devolver las cantidades, pues «el mismo criterio se puede aplicar a todas las hipotecas» y lo que se juzga es la cláusula abusiva. «De hecho, nosotros ya sabemos que incluso ING ha empezado a devolver el dinero», confirman los especialistas de OCU encargados de gestionar este tipo de situaciones para los consumidores.
Sin embargo, la mayoría de los bancos no están por la labor de hacer frente a un nuevo agujero económico tras el que pueden crearles las cláusulas suelo. Así, muchas entidades van a escudarse en que la sentencia solo se centra en casos concretos, provocando que el comprador no tenga más remedio que acudir a la justicia para que le devuelvan estas cantidades. Una estrategia que permite ganar tiempo hasta que haya una nueva sentencia general del Supremo que los obligue a hacerlo.
Tres gastos básicos a tener en cuenta
Según confirma la OCU, estos gastos derivados —siempre hablando del contrato hipotecario y nunca del de compraventa— serían el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, los gastos de notario y el Registro de la Propiedad. «El consumidor afectado debe pedir al banco la devolución de estas cantidades. Si este se niega, no queda más remedio que acudir a la vía judicial para exigir el reintegro de las cantidades cobradas», explica OCU.
Haciendo un cálculo aproximado, una hipoteca de 150.000 euros con una responsabilidad hipotecaria de 255.000 euros —a un tipo impositivo del 1%— tendría unos costes de 2.550 euros en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, unos 425 euros por gastos de notario y unos 125 euros del Registro de la Propiedad. Cerca de 3.100 euros que hasta la fecha eran pagados solo por el prestatario. Sin embargo, el Supremo consideraba estas cláusulas como nulas, ya que deberían ser abonadas por el banco.
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